Por Néstor Nongo
El país centroafricano lleva exportando petróleo desde 2003. Las autoridades pregonaron entonces por los cuatro vientos que se utilizaría el dinero para sacar a la población de la pobreza.
Refinería de Djermaya

Ha pasado ya un tiempo más que suficiente para que se haga una evaluación de lo realizado hasta la fecha. Se sabe que la capacidad de producción del país es de unos 120.000 barriles de petróleo al día, lo que supone que Chad ha podido ingresar, desde 2004 hasta hoy una cantidad cercana a los 5.000 millones de euros.

Sin embargo, a la hora de la verdad, nada ha cambiado en la vida de los chadianos. En muchos aspectos, la vida cotidiana de la población incluso ha empeorado. No olvidemos que Chad es uno de los países más pobres del planeta; ocupa el puesto 183 de 187 países en la última clasificación del Índice de Desarrollo Humano cuando, en el Índice de 1999, antes del petróleo ocupaba el puesto 162.

La pregunta obvia es, ¿dónde está el dinero del petróleo?

Cuando uno escucha al Gobierno, parece que todo va viento en popa: “el petróleo ha permitido el crecimiento del país”, dice el ministro de infraestructuras, Adoum Younoussmi. Que el país ha pasado de tener 300 km a 2000km de carreteras asfaltadas; de una a cinco universidades y que la capital, N’Djamena está en pleno crecimiento y renovación.

No obstante, tras la lectura del informe de la ONG CCFD-Terre solidaire, tenemos algunas pistas sobre el destino del dinero que pertenece a todos los chadianos. Siguiendo las revelaciones del informe, una parte importante de los ingresos provenientes del petróleo va a parar a la compra de armas. De 2004 a 2010 el gasto militar de Chad se ha multiplicado por ocho, pasando de 53 a 420 millones de euros.

El gobierno del presidente Idriss Deby justifica estos gastos por la inestabilidad en el este del país. Sin embargo, una incursión de rebeldes en febrero de 2008, apoyada por Sudán, llegó hasta las puertas del palacio presidencial. Sólo la intervención francesa evitó la caída del régimen. Entonces surge una pregunta obligada: si han habido fallos de seguridad de ese calibre, ¿realmente se utiliza bien ese dinero dedicado al armamento?

Aquí aparece la segunda pista: la corrupción, la gran enfermedad de la sociedad chadiana. Es verdad que el régimen ha gastado fondos en armamento para reforzar “su seguridad”. Pero el dinero del pueblo se está desviando a cuentas bancarias de unos pocos.

De cara a la galería, el presidente del país centroafricano creó en 2010 el Ministerio de Moralidad y Buena Gestión para combatir ese mal que afecta la estructura misma del Estado. Y lo más sarcástico es que su titular, Ahmadaye Al Hassan, ha acabado entre rejas por robar los fondos dedicados a la lucha contra la corrupción.

En lugar de dar ejemplo, el mismo presidente Idriss Deby Itno se acaba de casar, y no ha ahorrado gastos en su boda a la que asistió, por cierto, el presidente sudanés Omar Al Bashir, contra quien pesa una orden internacional de busca y captura por crímenes contra la Humanidad. Ha repartido a la familia de su esposa todo lo que ha querido, mientras su pueblo se muere de hambre y una terrible sequia amenaza una parte importante del país. Prueba de ello es que el Lago Chad corre el peligro de desaparecer.

Deby y Al Bashir en su boda

Así, pues, los recursos petrolíferos chadianos se los reparten entre las empresas extranjeras encargadas de las refinerías (entre ellas las chinas, americanas y francesas), las empresas vendedoras de armas (rusas, chinas y occidentales), y los miembros de la “Itnomachie” (termino con el que se conoce en la jerga local a la oligarquía que dirige el país, tomado del apellido del presidente: Itno). El pueblo, mientras, asiste a ese reparto como mero espectador que, además, molesta.

(*)Néstor Nongo. Natural de Bayaya, RD del Congo. Doctorando en Ciencias Políticas y Sociología, actualmente se desempeña como analista de información internacional, especialista en comunicación pública y en política africana. Forma parte del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado (TAC) y trabaja en la administración pública española, como jefe de Área de Análisis informativo (Ministerio de la Presidencia).

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